La presencia de mujeres en las instituciones legislativas ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, aunque el progreso sigue siendo desigual y lento. A nivel global, las mujeres ocupan actualmente el 22,7% de los escaños parlamentarios, una cifra que se ha más que duplicado respecto al 10,5% que representaban apenas en 1995, según los datos más recientes del informe Mujeres en el Parlamento elaborado por la Unión Interparlamentaria. Sin embargo, esa mejora sostenida no oculta la realidad de que aún faltan décadas para alcanzar una representación equitativa en los órganos de decisión política del mundo.
En España, el escenario presenta matices muy diferentes. El país ha dado pasos notables en la igualdad de representación, especialmente a nivel de Gobierno. España se sitúa entre los trece gobiernos nacionales del mundo que alcanzan o superan el 50% de mujeres en sus Consejos de Ministros, ocupando el tercer lugar a nivel mundial con un 63,6%, únicamente por detrás de Albania y Finlandia. Este dato convierte a España en una referencia global en cuanto a la presencia femenina en el ejecutivo, aunque la magnitud del logro contrasta con las cifras que todavía se registran en otras cámaras legislativas.
El Congreso de los Diputados: cifras y disparidades territoriales
Las elecciones generales de noviembre de 2019 ofrecieron un panorama revelador sobre la presencia de mujeres en el Congreso. Un total de 36 circunscripciones de 52 presentaron un porcentaje superior al 40% de diputadas elegidas, según el Estudio del impacto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, elaborado por el Ministerio del Interior. No obstante, esa media oculta enormes diferencias entre territorios y formaciones políticas.
Por partidos, la fotografía es igualmente elocuente. ERC-Soberanistes fue la formación que contó con mayor representación femenina entre sus diputados elegidos, con un 53,8% de mujeres. En el extremo opuesto, varios partidos regionalistas no lograron ninguna diputada: el PRC, Navarra Suma y el BNG se quedaron sin representación femenina en el Congreso. Entre los partidos de ámbito nacional, Vox presentó el menor número de mujeres entre sus diputados, con apenas un 26,9%, una cifra que evidencia las resistencias que todavía existen en determinados espacios políticos.
El dato de las candidaturas completa este cuadro. Las mujeres representaron el 48,2% del total de candidatos en las elecciones de noviembre de 2019, un porcentaje que se elevó hasta el 48,5% en los comicios de abril del mismo año. Por comunidades y ciudades autónomas, la presencia femenina en las candidaturas del 10 de noviembre alcanzó el 40,0% en las 19 comunidades y ciudades autónomas. Todas las fuerzas políticas que obtuvieron representación en ambas convocatorias presentaron más de un 40% de candidatas, con la única excepción del Partido Regionalista Cántabro, que se quedó con un 37,5% en ambas elecciones, incumpliendo de forma flagrante el umbral que establece la normativa electoral.
El Senado: otra realidad dentro de la misma cámara
La cámara alta del Parlamento español presenta un perfil distinto. En el Senado, 31 de 59 circunscripciones mostraban un porcentaje igual o superior al 50% de mujeres senadoras tras las elecciones de noviembre de 2019. La media de senadoras se situó en el 39,4%, por debajo del 44% que ocupan las mujeres en el Congreso. Cabe señalar que el estudio únicamente tuvo en cuenta a las senadoras electas, sin incluir a las designadas por los parlamentos regionales, lo que podría alterar significativamente las cifras si se incorporara ese componente.
En lo que respecta a las formaciones políticas en el Senado, PNV y Navarra Suma son los partidos con mayor número de senadoras, ambos con un 66,7% de representación femenina. Estos datos contrastan con la imagen de algunos partidos que, pese a operar en territorios con alta presencia de candidatas en el Congreso, no logran trasladar esa proporción a la cámara alta.
El marco legal que sustenta estos avances es la Ley Orgánica 3/2007, que en su articulado exige la composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales que se presentan a elecciones al Congreso, elecciones locales, consejos insulares, cabildos insulares canarios, Parlamento Europeo y asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Concretamente, la norma establece que el conjunto de la lista, y en todo caso en cada tramo de cinco puestos, los candidatos de uno u otro sexo no podrán estar representados en menos del 40%. La excepción la constituyen los municipios de menos de 3.000 habitantes e islas de menos de 5.000 habitantes, donde la norma no se aplica con la misma rigurosidad.
Este sistema, conocido como la «zanahoria y el palo» de la paridad electoral, ha sido determinante para acercar a las mujeres a los puestos de elección popular. No obstante, su eficacia depende también de la voluntad política de quienes encabezan las listas. La colocación de las candidatas en los puestos elegibles sigue siendo una de las grandes batallas pendientes, ya que una lista con 40% de mujeres en posiciones inaccesibles no se traduce en representación real.
El contexto internacional y los desafíos pendientes
El progreso de España en la representación política femenina debe situarse en un contexto global todavía marcado por la desigualdad. Si el país ocupa puestos de privilegio en el Consejo de Ministros, la realidad de otros parlamentos europeos y mundiales advierte de la dificultad de consolidar estos avances. La tasa de 22,7% de presencia femenina en los parlamentos a nivel mundial significa que más de tres cuartas partes de los escaños legislativos siguen ocupados por hombres.
La igualdad en la política no se reduce a ocupar escaños o sillones ministeriales. Se trata de un cambio estructural que afecta a las políticas públicas que se impulsan desde esas instituciones, a la capacidad de incidencia en los debates legislativos y a la representación de las demandas de la mitad de la población. En este sentido, la evolución de las próximas convocatorias electorales será crucial para determinar si España consolida su posición de liderazgo o si los avances se estancan ante nuevas dinámicas políticas. El seguimiento de los datos en cada ciclo electoral, como el que se desarrolla en plataformas especializadas, será fundamental para medir el ritmo real del cambio.
La senda hacia la paridad plena en la política española e internacional sigue siendo una carrera de fondo. Los números cuentan una historia de progreso innegable, pero también de una distancia que persiste entre las metas alcanzadas y la igualdad efectiva. La Ley Orgánica ha sentado bases sólidas, pero su cumplimiento riguroso y la voluntad de los partidos para situar a las mujeres en posiciones de poder real determinarán si las próximas generaciones de votantes encontrarán un Congreso verdaderamente representativo o uno que todavía arrastra las inercias de un pasado excluyente.
