La asesoría jurídica del Gobierno de Navarra ha emitido un dictamen contundente, concluyendo que no existe base legal para abonar los 8 millones de euros adicionales que reclama la UTE Acciona Construcción y Construcciones Osés por el proyecto del túnel de Belate. Un informe de 116 páginas, al que este medio ha tenido acceso, detalla una argumentación exhaustiva que culmina en la imposibilidad de satisfacer la demanda de la UTE con la requerida seguridad jurídica.
La controversia surge de una serie de modificaciones al proyecto original, implementadas por la UTE. La clave del dictamen radica en que estas alteraciones fueron iniciativa propia de la adjudicataria, no respondiendo a directrices de la administración foral ni a indicaciones de los autores del diseño inicial. Este punto es fundamental, ya que la asesoría jurídica subraya la ausencia de una causa imprevisible o imperativa que justificara tales actuaciones unilaterales. El informe recalca que los cambios, por los que ahora se exige el considerable sobrecoste, fueron previstos por la UTE desde finales de abril de 2024, apenas unas semanas después del inicio de las obras y meses antes de que comenzaran los trabajos de excavación del túnel. Esta circunstancia fue previamente corroborada por la Dirección de Minas en su informe emitido el pasado noviembre, y el grupo de ingeniería responsable del proyecto original también emitió un informe desfavorable a las modificaciones planteadas.
Fundamentos del Dictamen: Iniciativa Unilateral y Contradicción Contractual
La argumentación jurídica del Gobierno de Navarra profundiza en la naturaleza de las modificaciones llevadas a cabo por la UTE Acciona-Osés. Se establece que las variaciones introducidas no solo carecían de respaldo administrativo o técnico externo, sino que, además, contradecían aspectos que habían sido valorados favorablemente en el proceso de licitación pública. Esta contradicción es un elemento crítico, ya que socava la equidad y la transparencia del concurso original. La empresa ejecutó estos cambios al mismo tiempo que solicitaba un plazo para la resolución de dichas variaciones, una secuencia de eventos que la asesoría jurídica considera incompatible con las buenas prácticas y la normativa de contratación pública.
El informe de 116 páginas no deja lugar a dudas sobre la iniciativa de la UTE en la alteración del proyecto. La insistencia en que no existió una fuerza mayor o un imprevisto ineludible que obligara a la modificación es central para la negativa al abono. La previsión de estos cambios por parte de la UTE con tanta antelación, desde abril de 2024, desvirtúa cualquier argumento sobre la urgencia o la necesidad sobrevenida. La ratificación de esta cronología y la falta de justificación por parte de entidades externas como la Dirección de Minas y los ingenieros del proyecto original, refuerzan la postura del ejecutivo foral, marcando un precedente en la gestión de infraestructuras críticas en la comunidad.
Implicaciones Administrativas y Mecanismos Jurídicos
La situación en torno al túnel de Belate ha puesto de manifiesto la relevancia de dos conceptos clave en el lenguaje administrativo español: el reparo suspensivo y el enriquecimiento injusto. El primero de ellos fue la conclusión central del informe de la intervención del gobierno sobre la exigencia de las adjudicatarias, lo que provocó la paralización del pago en noviembre pasado. Dicho documento, de gran trascendencia, detuvo la modificación por la clara falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público en lo referente a imprevistos y a la alteración sustancial de un contrato. Esta resolución tuvo una consecuencia directa e inmediata: la destitución del entonces director general de Obras Públicas, Pedro López, evidenciando la seriedad con la que la administración aborda el cumplimiento de la legalidad contractual.
Por otro lado, el concepto de enriquecimiento injusto, a pesar de su denominación, representa un mecanismo excepcional que permite a la administración abonar partidas por modificaciones de un proyecto bajo circunstancias muy específicas. Sin embargo, la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra ha sido categórica al señalar que esta vía no es aplicable en el caso de Belate. Para que proceda el enriquecimiento injusto, la contratista debe justificar la necesidad de los cambios, y la actuación no puede ser realizada de oficio por la administración. Crucialmente, debe derivarse de hechos procedentes de la propia administración que hayan generado una creencia razonable en el ejecutor de la obra de que debía realizar las modificaciones. El dictamen concluye que ninguno de estos supuestos se da en el expediente actual, cerrando esta puerta a la reclamación. La situación actual del túnel de Belate, con la obra paralizada y un futuro incierto, subraya la complejidad de estos litigios en la obra pública, como se ha analizado en profundidad en este laberinto jurídico, político y económico.
Este pronunciamiento firme de la asesoría jurídica establece un precedente significativo para la contratación pública en Navarra, reafirmando la necesidad de una estricta adhesión a los términos contractuales y la prohibición de modificaciones unilaterales que generen sobrecostes. La transparencia y la legalidad son pilares fundamentales en la gestión de los fondos públicos, y este caso recalca la vigilancia constante sobre la ejecución de proyectos de infraestructura. La administración foral, a través de sus órganos de control, busca garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y conforme a lo pactado, evitando desvíos y perjuicios al erario público. En un contexto donde otras iniciativas de obra pública, como las obras de reurbanización de la plaza de Santa Anta en Pamplona, avanzan según lo planificado, la situación de Belate destaca la importancia de una gestión contractual impecable.
