La presidenta de Navarra, María Chivite, anunció en el Parlamento la rescisión del contrato con la UTE Acciona-Osés, encargada de las obras de duplicación de los túneles de Belate, un decisions que abre un nuevo escenario de incertidumbre para la región. La decisión, que se traduce en la paralización inmediata de las obras —estadas en un 52% de ejecución— y en la necesidad de una nueva licitación, aplaza la finalización de una infraestructura clave para el horizonte del año 2030. El Departamento de Cohesión Territorial ha comunicado que se reunirá próximamente con los consistorios de la zona para explicarles el nuevo panorama, mientras remite a Bruselas el nuevo cronograma, condicionado al cumplimiento de la normativa europea para esa fecha.
La vía judicial y el bloqueo técnico que obliga a reiniciar la licitación
La rescisión contractual, que llega después de que la asesoría jurídica del Gobierno descartara recurrir a la fórmula del enriquecimiento injusto para saldar el modificado de la obra que asciende a 8,3 millones de euros, abre la puerta a un proceso judicial complejo. Antes de que la resolución sea efectiva, todas las partes —Gobierno de Navarra, Acciona y Osés Construcción— deberán ponerse de acuerdo en la liquidación final de los trabajos realizados. El Gobierno analiza con sus servicios jurídicos el modo de proceder en esta inédita situación, que no solo conlleva un coste económico sino también un retroceso técnico significativo. La necesidad de una nueva licitación, sometida a las estrictas normativas comunitarias, garantiza que las obras no se reanudarán en el corto plazo, generando un vacío infraestructural que afectará directamente a la movilidad de la zona durante una década.
El impacto en la población y el sector del transporte: «un jarro de agua fría»
Los alcaldes de municipios clave como Baztán, Fernando Ambustegui, y Lesaka, Ladis Satrusteggi, ambos de Bildu, han recibido la noticia con «preocupación», aunque se mantienen a la espera de la reunión con el ejecutivo para valorar las consecuencias concretas. Para los vecinos de las localidades colindantes, la paralización supone un «nuevo paso atrás» en el desarrollo de la comarca. La vía afectada, la N121A, es una arteria vital por la que transitan diariamente un gran número de vehículos y, sobre todo, de camiones, dado su carácter de paso fronterizo. Mikel Barbarin, gerente de la empresa de transporte Barcargo de Bera de Bidasoa, ha calificado la noticia como un «jarro de agua fría», subrayando el flujo masivo de mercancías que utiliza el túnel y la importancia de contar con una infraestructura moderna y segura para la competitividad del sector. La incertidumbre sobre la fecha de finalización de las obras genera frustración entre los transportistas, que ven aplazada la tan ansiada mejora de las condiciones de tráfico y la reducción de tiempos de trayecto.
La situación, que obliga a redactar un nuevo cronograma bajo la mirada de Bruselas, sitúa a la Comunidad Foral en una encrucijada. La gestión de la herencia de la obra inacabada, la negociación de la liquidación y el posterior proceso de licitación serán decisive para determinar si el projects puede recuperar el rumbo antes de 2030 o si la demora se extenderá más allá de ese plazo, con impactos directos en la planificación territorial y la conectividad de Navarra con el exterior. La reunión con los ayuntamientos será el primer paso para gestar una estrategia común que responda a las legítimas preocupaciones de una zona que depende críticamente de esta vía.
