El Gobierno de Navarra ha culminado este lunes el largo y tortuoso proceso de recuperación del Palacio del Marqués de Rozalejo, un emblemático edificio barroco del siglo XVIII situado en el corazón de la Navarrería pamplonesa, para convertirlo en la sede definitiva de la Dirección General de Memoria y Convivencia y del Instituto Navarro de la Memoria. La inauguración, presidida por la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, pone punto final a casi dos décadas de incertidumbre sobre el uso de este inmueble, adquirido por la administración foral en 2005, y resuelve un conflicto político y social que mantuvo en vilo al casco viejo de la capital navarra durante años.
De la ocupación al gaztetxe: el conflicto por el uso del edificio
La historia reciente del palacio está marcada por la tensión entre la conservación del patrimonio y las reivindicaciones sociales. Tras su compra, el edificio permaneció cerrado y en progresivo deterioro hasta que, en 2017, fue ocupado por colectivos juveniles que lo transformaron en el gaztetxe Maravillas, un espacio autogestionado de referencia para la cultura alternativa y la reivindicación vecinal en la zona. La situación cambió radicalmente un año después, cuando el Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai) anunció su intención de destinar el inmueble a la recién creada institución memorialística. La decisión desencadenó un pulso institucional que incluyó nuevas ocupaciones, concentraciones y desalojos policiales, evidenciando la dificultad de compatibilizar la memoria histórica oficial con la memoria viva de los movimientos sociales que veían en el palacio un símbolo de autonomía.
El proyecto de rehabilitación comenzó a esbozarse técnicamente a finales de 2018, aunque la adjudicación de las obras no llegó hasta abril de 2022 y el inicio efectivo de los trabajos se retrasó hasta el 31 de octubre de 2023. La intervención ha respetado la estructura original del edificio, recuperando su fachada y elementos arquitectónicos singulares para dotarlo de las infraestructuras necesarias para un centro de interpretación y documentación de primer nivel. La finalización de las obras permite ahora al Gobierno foral disponer de un espacio físico acorde con la dimensión de sus políticas de memoria, un compromiso que la presidenta Chivite ha calificado de «imprescindible» para la calidad democrática de la comunidad foral.
Un espacio de luz para la convivencia y la reparación
Durante el acto inaugural, la presidenta María Chivite ha subrayado que el Palacio de Rozalejo debe entenderse como «un símbolo de las políticas de memoria y convivencia» y se ha mostrado orgullosa de la trayectoria recorrida, cuyo objetivo final es «la convivencia para la paz». En su intervención, la dirigente socialista ha reivindicado la necesidad de construir «una memoria que no se sitúe en el pasado, sino en el futuro», una herramienta que sirva para «mejorarnos como sociedad» y para «mantener viva la memoria histórica para fortalecer la democracia». Este enfoque prospectivo busca diferenciar la labor del instituto de una mera labor arqueológica o nostálgica, situándola en el centro de la construcción de una ciudadanía crítica.
El centro nace con una vocación explícitamente inclusiva y comparada. Al igual que el Instituto Gogora en Vitoria-Gasteiz, la nueva sede navarra acogerá exposiciones y fondos documentales sobre víctimas de todo tipo de violencia: la ejercida por ETA, los crímenes de los GAL, los abusos policiales y la represión del franquismo. Esta aproximación integral, que sitúa en el mismo plano de dignidad a todas las víctimas independientemente del origen de la violencia sufrida, constituye el eje central del modelo de convivencia impulsado por el Ejecutivo foral. La apuesta por la transversalidad se refleja también en la estructura organizativa, que integra la Dirección General y el Instituto bajo un mismo techo para optimizar recursos y coordinar la investigación, la difusión y la atención a las víctimas.
Dos exposiciones inaugurales: objetos que hablan y caminos hacia la educación
La programación de apertura del centro se articula en torno a dos muestras temporales de gran calado simbólico y estético. La primera, titulada ‘La memoria de los objetos’, se centra en los hallazgos materiales recuperados durante las excavaciones y prospecciones realizadas en fosas comunes de personas asesinadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Estos restos personales —botones, hebillas, plumas, restos de calzado— actúan como testigos mudos que humanizan las cifras macrohistóricas, devolviendo la individualidad a quienes fueron enterrados en la anonimidad y permitiendo a los familiares cerrar ciclos de duelo truncados durante décadas.
La segunda exposición, ‘Caminos a la Escuela’, ofrece un contrapunto geográfico y temático. Comisariada a partir del trabajo de 18 periodistas gráficos de la agencia Sipa Press, la muestra recorre rincones del planeta para documentar las múltiples y a menudo peligrosas rutas que niños y niñas recorren diariamente para acceder a la educación. La inclusión de esta perspectiva global en un instituto de memoria local responde a la voluntad de conectar la reparación del pasado navarro con la defensa de los derechos humanos universales en el presente, estableciendo puentes entre la memoria histórica y la justicia social contemporánea.
La puesta en marcha de este equipamiento cultural y cívico se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de los servicios públicos y la cohesión territorial impulsada por el Gobierno foral, que ha destinado recursos históricos a la red de entidades locales para equilibrar el desarrollo entre la capital y la ribera. Asimismo, la estabilidad institucional necesaria para llevar a cabo proyectos de esta envergadura ha requerido una gestión administrativa continua, respaldada recientemente por la cobertura de puestos clave mediante nombramientos interinos en diversos departamentos para garantizar la continuidad de la acción de gobierno.
Con las puertas del Palacio de Rozalejo abiertas al público, Navarra dota a sus políticas de memoria de una infraestructura física y simbólica a la altura de su ambición. El reto inmediato consiste en consolidar la programación, ampliar los fondos documentales y, sobre todo, lograr que este «espacio de luz», en palabras de la presidenta, se convierta en un lugar de encuentro real para una sociedad que, cuarenta años después del fin de la dictadura y once tras el fin de la violencia de ETA, sigue necesitando espacios donde la verdad, la justicia y la reparación no sean consignas, sino práctica cotidiana.
