En un contexto de creciente tensión política y social en torno a la reorganización de la seguridad en Navarra, el sindicato ELA ha emitido una fuerte crítica al anuncio del Gobierno foral de 400 nuevos agentes en la Policía Foral, incluyendo la integración de miembros de la Guardia Civil mediante el procedimiento conocido como ‘pasarela’. Este avance gubernamental, presentado como un paso clave para asumir en exclusiva la competencia de Tráfico y Seguridad Vial, ha sido recibido con rechazo por parte de ELA, que considera que este modelo de integración militar no respeta los principios de profesionalidad, igualdad de género y derechos lingüísticos que la Policía Foral debería garantizar.
La expansión de la Policía Foral y la polémica por la ‘pasarela’
El Gobierno de Navarra anunció recientemente la contratación de 400 efectivos adicionales en la Policía Foral, una medida destinada a cubrir el crecimiento de la población y a asumir plenamente las competencias de Tráfico y Seguridad Vial, funciones que históricamente han sido objeto de disputas entre el Estado y la comunidad foral. Para alcanzar este objetivo, el Ejecutivo ha optado por recurrir a la integración voluntaria de agentes de la Guardia Civil, un proceso que ELA ha calificado de «blinde» y que, según el sindicato, no debería existir.
La crítica de ELA se centra en el hecho de que la plaza adicional se cubra mediante la incorporación de guardias civiles con privilegios salariales, como los 744 euros mensuales adicionales reconocidos en los presupuestos de Navarra para 2022 y 2023. Esta práctica, según el sindicato, viola los principios de igualdad y transparencia que debería garantizar un proceso de contratación pública a través de una OPE (oposición pública de empleo). «Las nuevas plazas deben cubrirse de manera independiente, sin que los miembros de la Guardia Civil tengan prioridad», ha destacado ELA en un comunicado.
El conflicto histórico por las competencias de Tráfico
La disputa sobre las competencias de Tráfico y Seguridad Vial en Navarra tiene raíces profundas en el pasado. Según el acuerdo de Mejoramiento (LORAFNA), estas competencias corresponden a la comunidad foral, pero el Estado las usurpó durante el franquismo y, aunque posteriormente se reconocieron parcialmente, nunca han sido cedió plenamente. ELA ha reiterado que Navarra debe asumir estas competencias de forma integral, pero insiste en que esto no debe lograrse a través de la integración de agentes militares, sino mediante la expansión de la Policía Foral con personal civil y profesional.
El sindicato ha señalado que la actual estrategia gubernamental no solo perpetúa una estructura desigual, sino que también refuerza la dependencia histórica de la Policía Foral en relación con el Estado. «La competencia de Tráfico no puede ser asumida mediante la incorporación de un cuerpo militar», ha afirmado ELA, recordando que la Policía Foral debe ser un cuerpo civil, con perspectiva de género y respeto por los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
La controversia legal y política del modelo propuesto
La integración de agentes de la Guardia Civil en la Policía Foral no es un tema nuevo en el debate político navarro. Tanto la Ley de Policías de 2018, aprobada por UPN, Geroa Bai, EH Bildu y parte de Podemos, como los Presupuestos de Navarra, que contemplan esta integración, han sido criticados por ELA. El sindicato ha señalado que estos marcos normativos no respetan la esencia de la Policía Foral como un cuerpo civil, y que su implementación podría generar conflictos institucionales con el Estado.
Además, la financiación de los complementos salariales para los guardias civiles integrados ha sido otro punto de tensión. ELA ha cuestionado la legalidad de este gasto, argumentando que el personal de la administración foral no debería pagar salarios superiores a los establecidos por la normativa estatal. «Esto no es una expansión de la Policía Foral, sino una subvención a la Guardia Civil», ha concluido el sindicato.
El debate sobre el modelo policial foral
Más allá de la polémica por la ‘pasarela’, ELA ha llamado a un debate más amplio sobre el modelo policial en Navarra. El sindicato defiende una Policía Foral profesional, de carácter civil, con una estructura que garantice la igualdad de género y el respeto a los derechos lingüísticos. En este sentido, ha propuesto reformas estructurales que incluyan la creación de un cuerpo de alta calidad, formado exclusivamente por ciudadanos forales y con una cultura institucional comprometida con la cohesión social.
La propuesta de ELA contrasta con el enfoque actual del Gobierno de Navarra, que ha optado por fortalecer la presencia de agentes con formación militar y estructuras jerárquicas heredadas del Estado. Esta diferencia de enfoques refleja una grieta ideológica profunda en el ámbito político y social foral, que podría tener implicaciones a largo plazo en la cohesión institucional de la comunidad.
Repercusiones a largo plazo y desafíos institucionales
La decisión del Gobierno de Navarra de integrar a la Guardia Civil en la Policía Foral no solo plantea cuestiones de tipo legal y administrativo, sino que tambiénpone desafíos institucionales significativos. La falta de consenso sobre el modelo policial foral podría generar conflictos con el Estado, especialmente en un contexto de creciente autonomía foral. Además, la financiación de esta integración, con complementos salariales superiores a los establecidos por la normativa estatal, podría ser objeto de revisión judicial o política.
Por otro lado, la cuestión de las competencias de Tráfico sigue siendo un punto de fricción entre el Gobierno foral y el Estado. La asunción de estas funciones por parte de la Policía Foral, si bien reconocida parcialmente por el LORAFNA, no ha sido plenamente validada por el Ejecutivo central. La integración de agentes de la Guardia Civil en este ámbito podría ser vista por el Estado como un paso hacia una mayor autonomía foral, pero también podría ser interpretada como un desafío a su jurisdicción histórica.
La postura de ELA, que exige una Policía Foral civil y profesional, refleja una visión más radical de la autonomía foral, donde las instituciones forales no dependan de estructuras militares estatales. Este enfoque podría tener implicaciones en la relación entre Navarra y el Estado, especialmente en un contexto de creciente debate sobre la reforma del Estado y la flexibilización de las competencias forales.
Conclusión estratégica
La polémica alrededor de la integración de la Guardia Civil en la Policía Foral en Navarra no es solo un tema de gestión de recursos humanos, sino un conflicto que refleja tensiones históricas, ideológicas y políticas profundas. La decisión del Gobierno foral de recurrir a agentes militares para asumir competencias de Tráfico plantea cuestiones de legalidad, igualdad y cohesión institucional. Por su parte, ELA defiende una visión de la autonomía foral basada en una Policía Foral civil, con un modelo policial que garantice derechos lingüísticos y perspectiva de género.
Los desafíos a futuro incluyen la posible intervención judicial sobre la financiación de los complementos salariales, la posible revisión del LORAFNA por parte del Estado y la evolución del debate político sobre el modelo foral. La tensión entre el enfoque pragmático del Gobierno de Navarra y la postura más ideológica de ELA podría definir el rumbo de la relación entre la comunidad foral y el Estado en los años venideros. La resolución de estos conflictos dependerá, en parte, de la capacidad de los actores involucrados para encontrar un terreno común que respete tanto la autonomía foral como el marco legal estatal.
